Vale, oficialmente se llama “Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales de internet” pero también podríamos llamarlo como el título de esta entrada. Quien iba a decirnos hace unos meses que el gobierno iba a sacar este conejo de la chistera.

Con las posturas que aquí nos gastamos en contra de las actitudes de alguna entidad de gestión de derechos de autor no nos queda otra que estar completamente de acuerdo con el manifiesto que se opone a lo que deriva de  la “Ley de Economía Sostenible”, la cual ha modificado, en sus pilares, el orden jurídico que afecta al  los derechos de autor en España.

Estamos hablando que oculto en la ley de Economía tenemos, tras muchos intentos por parte del gobierno, una ley que contenta a todos aquellos de las pegatinas, las pancartas y lo de “la música se muere”. No señores, lo que se muere es un sistema de comercialización caduco y que ha actuado abusivamente contra los usuarios durante decenios.

A partir de ahora ya no va a ser un Juez el que decida si algo es o no legal, va a ser una comisión perteneciente al departamento de Cultura. No me extraña ya que sentencia tras sentencia los varapalos judiciales que se han llevado las entidades de gestión en el 2008/2009 han sido tremendos. Nada mejor que evitarlos que hacernos una ley que puentee a los jueces. Al más estilo Berlusconi, leyes ad hoc.

No me quiero extender mucho más pero, mi opinión personal es que este manifiesto es totalmente acertado en forma y fondo.

 

P.S.: Como me voy a reír cuando desde Europa corten las ayudas al Cine Español, muhahahahaha¡¡¡¡¡ Haced buenas películas y dejar de vivir de subvenciones¡¡¡¡

 

1. Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2. La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3. La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4. La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5. Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6. Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7. Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8. Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9. Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10. En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.